Así lo hizo conocer el Ministerio de Desarrollo Humano al advertir amenazas y extorsiones en perjuicio de personas que son obligadas a participar de reclamos en rutas y calles, bajo el apercibimiento de ser despojados de sus beneficios sociales y asistenciales.
Informaron que hubo denuncias obligando a asistir a las marchas y cortes (Foto archivo)
A fin de prevenir y evitar toda clase de apremio ilegal que atente contra la libertad individual o colectiva, la mencionada cartera habilitó la línea 3885753259, a través de la cual receptará las denuncias pertinentes.
“Garantizamos y protegemos los derechos de los beneficiarios de los planes asistenciales provinciales y nacionales”, sostuvo la ministra Alejandra Martínez, quien se comprometió a “adoptar todas las medidas de resguardo, tal como lo hicimos en numerosas situaciones denunciadas anteriormente”.
Además, reafirmó “el compromiso del Gobierno de la Provincia con la transparencia, la justicia social y el respeto por los derechos de todas las personas”.
Por otra parte, hizo saber que el Ministerio de Desarrollo Humano “receptó numerosas denuncias de personas que refieren haber sido obligadas a asistir a marchas y reclamos sociales, bajo amenaza de pagar multa o directamente ser reportada ante el Gobierno de la Nación para la baja de su beneficio social”.
“Fueron muchos los que, bajo esta coerción, se ven en la necesidad de concurrir contra su voluntad a los reclamos con niñas o niños”, alertó Martínez.
De cara a esta preocupante situación, el Ministerio de Desarrollo Humano aclaró que el plan social, específicamente el Potenciar Trabajo, no exige ningún tipo de pago ni contraprestación política partidaria.
Esto constituye un delito que cualquier persona a cargo de una organización social requiera cualquier tipo de “aporte”, “contribución voluntaria” o multa”.
En caso de sufrir algún tipo de extorsión o amenaza relacionada con los aspectos mencionados, está disponible la línea 3885753259 del Ministerio de Desarrollo Humano.
Se insta a padres y/o responsables a no obligar a niñas y niños a la participación de marchas y protestas y no exponerlos a situaciones violentas.
